En el sector aéreo, la jubilación no se planifica “por edad” sin más. En muchos casos, la cuantía final y, sobre todo, la fecha óptima para jubilarse dependen de una combinación técnica de (i) años cotizados, (ii) régimen o regímenes en los que se ha cotizado a lo largo de la carrera, (iii) periodos efectivamente trabajados en vuelo en el Régimen General cuando aplica coeficiente reductor, y (iv) cómo queda la base reguladora al reconstruir y actualizar las bases de cotización de los últimos 25 años. Esto es exactamente el tipo de análisis que realizamos en el despacho cuando un profesional de la aviación quiere tomar decisiones con números y no con intuiciones. 

La clave es que “jubilarse antes” y “cobrar más” no siempre van alineados. Hay escenarios en los que retrasar unos meses (o un año) incrementa el porcentaje aplicable, evita penalizaciones, permite consolidar años necesarios para el 100% o mejora la base reguladora al incorporar bases más altas en la ventana de cómputo. Y también hay escenarios en los que seguir cotizando no aumenta la pensión porque ya se está topando el máximo legal: en ese caso, la decisión pasa a ser de pura optimización de fecha (y de estrategia fiscal/financiera) más que de cuantía.

Qué hacemos exactamente en el despacho (y por qué marca la diferencia)

1. Determinar con precisión la “edad de referencia” y si existe reducción por actividad de vuelo
   La jubilación contributiva se rige por reglas generales de edad ordinaria y años exigidos para el 100% de la base reguladora, pero determinados trabajos aéreos tienen un tratamiento específico con coeficientes reductores de edad. Ese coeficiente no opera “en abstracto”: depende del encuadramiento (p. ej., Régimen General) y de qué periodos son jurídicamente aptos para generar reducción. Nosotros verificamos encuadramiento, periodos computables y la documentación de soporte para que la reducción sea defendible frente a la Administración.

2. Integración de carreras “mixtas”: cómputo recíproco y régimen competente
   Muchos pilotos han cotizado en más de un régimen (por ejemplo, etapas en Clases Pasivas y posterior carrera civil). En estos casos, se puede sumar cotización para cumplir requisitos (años mínimos, porcentajes, etc.) mediante el cómputo recíproco, pero el reconocimiento de la pensión se suele atribuir al último régimen en el que se cotizó. Esto altera la estrategia, porque cambia qué reglas aplican, qué documentación hay que aportar y cómo se construye el expediente. 

3. Cálculo técnico de la base reguladora: últimos 25 años, actualización y lagunas
   La pensión se calcula sobre las bases de cotización de los últimos 300 meses (25 años), con una mecánica específica (incluida la actualización de bases antiguas con el IPC y el tratamiento diferenciado de los últimos 24 meses). En la práctica, el análisis riguroso exige:
   – Extraer bases reales y detectar lagunas o periodos sin bases computables en la serie.
   – Reconstruir periodos faltantes con criterios conservadores cuando proceda (y documentarlo).
   – Simular distintos “hechos causantes” (fechas) para ver cómo entra o sale cada tramo de cotización en la ventana de 25 años.
   Este punto es determinante: pequeñas variaciones de fecha pueden cambiar la base reguladora de forma material, especialmente si se sustituyen meses antiguos por meses cotizados cerca de topes. 

4. Comparar escenarios: fecha “más temprana posible” vs fecha “óptima”
   En algunos perfiles, una vez alcanzados ciertos años de cotización y aplicados los reductores de edad, existe una fecha desde la cual ya se podría acceder. Pero esa fecha no siempre es la mejor: puede ser preferible consolidar un umbral de años que fije una edad ordinaria más favorable, o ajustar la fecha para maximizar porcentaje y evitar pérdidas por reglas transitorias. El trabajo del despacho es construir un cuadro de escenarios (por ejemplo: jubilarse en la primera fecha posible, 6 meses después, 12 meses después), con impacto en:
   – Edad y encaje jurídico.
   – Porcentaje sobre base reguladora.
   – Base reguladora resultante por ventana de 25 años.
   – Efecto del tope máximo de pensión (si aplica). 

5. Evaluar el tope máximo: cuándo seguir cotizando ya no incrementa la pensión
   Hay situaciones en las que la base reguladora estimada supera el máximo legal de pensión, por lo que la prestación efectiva queda limitada por ese tope. En ese escenario, la estrategia cambia: no se trata de “subir” la pensión pública (porque ya está topada), sino de optimizar la fecha de acceso, la compatibilidad con actividad si procede, y la planificación económica complementaria (ahorro, previsión social, etc.). 

Resultado: una hoja de ruta personalizada y defendible
El entregable que preparamos no es un cálculo genérico: es una planificación completa y explicada, con hipótesis, sensibilidad (p. ej., variaciones de IPC o de bases futuras), y una recomendación de fecha objetivo con alternativas. Y, si el cliente lo desea, también nos encargamos del acompañamiento en la tramitación: revisión de vida laboral, comprobación de periodos, preparación de escritos y soporte ante incidencias documentales. 

Nota importante: todos estos análisis deben formularse como estimaciones (no promesas), porque influyen variables futuras (IPC, topes máximos, cambios normativos y evolución de cotizaciones). Precisamente por eso, el valor está en comparar escenarios con criterios robustos y en anticipar riesgos administrativos y documentales.