El complejo entorno regulatorio del transporte aéreo de mercancías somete a los operadores a una doble fiscalización: la de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en materia de seguridad operacional, y la de la Agencia Tributaria, a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Un error en la declaración de mercancías, una discrepancia en el manifiesto de carga o un incumplimiento de la normativa de seguridad (AVSEC) puede desencadenar procedimientos sancionadores con graves consecuencias económicas y operativas. La correcta defensa de operadores de carga aérea exige un conocimiento profundo no solo de la Ley de Seguridad Aérea, sino también del Código Aduanero de la Unión y de los procedimientos administrativos que rigen ambas áreas.

Ante una notificación de Aduanas o un expediente sancionador de AESA, el tiempo es su recurso más valioso. La ley concede plazos muy breves, generalmente de 10 días hábiles, para formular alegaciones. Una respuesta inicial deficiente puede condicionar fatalmente todo el procedimiento y resultar en sanciones firmes.

La doble inspección: AESA y Aduanas

Los operadores de carga aérea en España operan bajo la supervisión de dos autoridades con competencias distintas pero a menudo interconectadas. Por un lado, AESA se encarga de velar por el cumplimiento de las normativas de seguridad aérea, lo que incluye desde la correcta estiba y sujeción de la mercancía hasta el cumplimiento de los programas de seguridad contra actos de interferencia ilícita (AVSEC). Por otro lado, el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria fiscaliza la correcta declaración de las mercancías importadas o exportadas, la liquidación de aranceles e IVA y la lucha contra el contrabando.

Esta dualidad implica que un mismo envío puede ser objeto de inspección por ambos organismos. Por ejemplo, una discrepancia entre el manifiesto de carga y la mercancía física puede ser detectada por Aduanas, pero si esa discrepancia afecta a mercancías peligrosas no declaradas, AESA podría iniciar un expediente sancionador por una infracción grave contra la seguridad aérea. Comprender qué organismo es competente para cada tipo de infracción y cómo se coordinan es el primer paso para una defensa eficaz.

Infracciones comunes en el ámbito aduanero

El régimen sancionador aduanero es estricto y los errores, incluso por omisión, pueden acarrear importantes multas. Las infracciones más habituales para los operadores de carga aérea incluyen:

• Declaraciones de valor incorrectas: Declarar un valor inferior al real de las mercancías para reducir el pago de aranceles es una de las prácticas más perseguidas. Las autoridades aduaneras comparan los valores declarados con bases de datos de mercancías idénticas o similares para detectar infravaloraciones.
• Errores en la clasificación arancelaria: Asignar un código TARIC incorrecto a una mercancía puede suponer una liquidación de impuestos inferior a la debida, lo que constituye una infracción tributaria.
• Discrepancias en el manifiesto de carga: La falta de concordancia entre la mercancía declarada en el manifiesto y la que se encuentra físicamente en la aeronave puede ser sancionada con multas significativas.
• Incumplimiento de regímenes especiales: No cumplir con los plazos y condiciones de regímenes como el de perfeccionamiento activo o el de importación temporal puede derivar en la exigencia de la deuda aduanera y la correspondiente sanción.

Infracciones de seguridad aérea (AESA)

AESA, en aplicación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, tiene potestad para sancionar conductas que pongan en riesgo la seguridad de las operaciones. En el ámbito de la carga, los expedientes suelen originarse por:

• Transporte de mercancías peligrosas no declaradas o mal embaladas: Es una de las infracciones más graves, con sanciones que pueden alcanzar cuantías muy elevadas.
• Incumplimiento de los procedimientos de seguridad (AVSEC): Las compañías aéreas que transportan carga desde terceros países a la Unión Europea deben contar con la designación ACC3, que acredita que cumplen con los estándares de seguridad. Fallos en la inspección de la carga o en la protección de la misma contra manipulaciones no autorizadas son duramente sancionados.
• Incorrecta estiba y sujeción de la carga: Un mal aseguramiento de la mercancía puede comprometer la estabilidad y seguridad de la aeronave en vuelo.

El procedimiento sancionador: Fases y plazos clave

Tanto los procedimientos iniciados por Aduanas como los de AESA se rigen por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Aunque cada organismo tiene sus particularidades, las fases principales son similares. El procedimiento se inicia siempre de oficio por la Administración. Tras la notificación del acuerdo de inicio, se abre un plazo crucial, que suele ser de 10 días hábiles, para que el interesado pueda formular alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes.

Es en esta fase inicial donde una defensa técnica es fundamental. Un escrito de alegaciones bien fundamentado, que cuestione la versión de los hechos de la Administración, aporte pruebas documentales o periciales y señale posibles defectos de forma en el procedimiento, puede lograr el archivo del expediente o una reducción sustancial de la sanción propuesta. Ignorar la notificación o presentar un escrito genérico sin base jurídica es el camino más directo hacia una resolución sancionadora firme.

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El plazo máximo que tiene la Administración para resolver y notificar la resolución es, con carácter general, de 9 meses para infracciones leves y 18 meses para las graves y muy graves. Si transcurre ese plazo sin notificación, el procedimiento caduca, lo que supone una de las posibles vías de defensa.

Estrategias de defensa para operadores de carga

Una defensa legal sólida no se limita a discutir el fondo del asunto, sino que debe analizar minuciosamente todos los aspectos del procedimiento. En Take Off Abogados abordamos cada caso con una estrategia 360 grados:

1. Análisis de la notificación y del expediente: Verificamos que se cumplan todos los requisitos formales: correcta identificación del presunto infractor, descripción clara de los hechos imputados, calificación de la infracción y sanción propuesta, y nombramiento de instructor. Un defecto en estos elementos puede ser motivo de nulidad.
2. Cuestionamiento de la prueba de cargo: La Administración tiene la carga de probar los hechos que imputa. No son infrecuentes los casos en los que las actas de inspección contienen imprecisiones o las pruebas presentadas (como fotografías o capturas de pantalla) no tienen la fuerza probatoria suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
3. Aportación de prueba en contrario: Es vital presentar toda la documentación que respalde la versión del operador: facturas comerciales, documentos de transporte (AWB), manuales de operaciones, registros de formación del personal, certificados de calibración de equipos, etc. En ocasiones, un informe pericial puede ser determinante para desvirtuar las conclusiones de los inspectores.
4. Invocación de principios del derecho sancionador: Principios como la tipicidad (la conducta debe estar exactamente descrita en la norma), la culpabilidad (exigencia de dolo o negligencia) y la proporcionalidad (la sanción debe ser adecuada a la gravedad de los hechos) son herramientas jurídicas poderosas para impugnar una sanción.

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Cuando un operador de carga aérea recibe una notificación de inicio de expediente sancionador, se inicia una cuenta atrás que no admite errores. Presentar un escrito de alegaciones por cuenta propia, sin el rigor técnico y jurídico necesario, puede llevar a admitir hechos de forma involuntaria o a pasar por alto defectos procedimentales clave que podrían anular la sanción. Un error en esta fase inicial puede ser fatal y difícilmente subsanable en fases posteriores, como el recurso de alzada o la vía contencioso-administrativa. No ponga en riesgo su certificado de operador aéreo (AOC), sus habilitaciones de seguridad o la viabilidad económica de su empresa. Contacte con Take Off Abogados para que un equipo de abogados especialistas en derecho aeronáutico y administrativo interponga un recurso técnico y legal impecable, protegiendo sus intereses desde el primer momento.