
Take Off Abogados

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Cuando una aerolínea anuncia un ERE, una fusión o un proceso de reestructuración, los pilotos y TCPs se enfrentan a decisiones que marcan el resto de su carrera: indemnización, recolocación, prejubilación. Y cuando llega una baja médica prolongada por estrés o fatiga, también está en juego tu permanencia en el puesto. Te acompañamos en ambos frentes con experiencia real en el sector.
Los procesos colectivos tienen periodos de consultas muy cortos donde se decide la indemnización, los criterios de selección y la recolocación. Y las bajas médicas prolongadas exponen al trabajador a presiones de la compañía. En ambos casos, conocer el convenio colectivo, las sentencias del Tribunal Supremo y la operativa real de las aerolíneas permite proteger tus derechos al máximo.
Cuatro frentes habituales en los grandes procesos del sector. Cada bloque resuelve una situación concreta de pilotos y TCPs.
Resolvemos las dudas más habituales de pilotos y TCPs ante un proceso colectivo o una baja médica complicada. Si la tuya no está aquí, escríbenos sin compromiso.
La indemnización mínima legal es 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. En la práctica, en aerolíneas suele negociarse al alza (30-45 días) en el periodo de consultas. Conviene tener asesoramiento desde el primer día para no quedarse en el mínimo.
Sí, pero con consecuencias. Si la recolocación es razonable y no supone un perjuicio sustancial, rechazarla puede entenderse como dimisión voluntaria. Analizamos si la oferta cumple los criterios legales y si la negativa es defendible.
Un despido durante una baja médica es discriminatorio y nulo si la causa real es la propia incapacidad o el riesgo de futura discapacidad. Hay sentencias del Tribunal Supremo y del TJUE muy favorables al trabajador. Contáctanos antes de firmar nada.
La antigüedad se conserva por sucesión de empresa (art. 44 del Estatuto). Si la nueva compañía la desconoce o aplica un escalafón que te perjudica, puede impugnarse individualmente o como conflicto colectivo.
El plazo legal son 135 días desde la solicitud, aunque en la práctica suele alargarse a 4-6 meses. Si tras ese plazo no hay resolución, opera el silencio administrativo negativo y se puede iniciar la vía judicial directamente.
Sin compromiso. Analizamos tu situación y te explicamos tus opciones con claridad.